“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”, así afirma el artículo 6 de la Ley 14.783, más conocida como “Ley Diana Sacayán” en memoria de su incansable lucha y compromiso por los derechos de la comunidad LGBTTI: una batalla en la que dejó marcada su huella con una ley que llama a no discriminar, a incluir, a proteger. Sin embargo en la práctica, los huecos todavía son profundos: a dos años de la aprobación de la Ley (y dos años sin Diana Sacayán), la reglamentación sigue siendo promesa.
En 2015, en la Provincia de Buenos Aires, se aprobó la ley que asegura un 1% del personal del sector público reservado para las personas travestis, transexuales y transgénero. “Que aprueben una ley para crear un cupo para que podamos trabajar, quiere decir que hay una historia anterior, una falta profunda de inclusión social”. Lara María Bertolini trabaja en la Procuraduría General de la Nación desde enero de este año. Pero antes de eso, tuvo que ingeniárselas para evitar aquello que el Estado le tiene reservado a la comunidad trans y travesti: mano de obra para el narcotráfico y la prostitución.
Si bien la ley abarca a los distintos partidos que integran la Provincia de Buenos Aires, requiere de la aprobación del Concejo Deliberante de cada uno para poder ponerse en práctica a nivel local. El proceso es lento, pero algunos distritos ya se pusieron en línea con la ley provincial, entre ellos: Morón, Tres de Febrero, Mar del Plata, San Miguel, Campana, Lanús, y Chivilcoy, que el sábado pasado dio la bienvenida formal a Sara Ledesma, segunda empleada pública travesti de la ciudad, como telefonista en el Hospital Municipal. Mientras tanto en Capital Federal ya perdieron estado parlamentario tres proyectos de ley. Actualmente queda vigente el proyecto presentado por Maximiliano Ferraro, que cuenta con el apoyo de 23 legisladores.
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Hay un entramado, un aparato social, que criminaliza a la población trans; que expulsa y oculta, y de eso se alimenta. Las leyes se modifican y las instituciones se acomodan: desde la sanción de los edictos policiales, hace más de cincuenta años, existe una red sostenida por las fuerzas de seguridad, la justicia y los medios hegemónicos de comunicación, que se encargan de relacionar la identidad travesti y trans con el delito, construyendo así un personaje culpable de todo acto ilegal . Y en el medio, las travas, el fusible de la máquina, una pieza descartable dentro de un sistema en funcionamiento. “Si mataban o metían presa a una, ponían a otra”. ¿Qué pasa si no querés formar parte de la red? Te persiguen, te amenazan, te matan. Esa fue, y sigue siendo para muchas, la forma de vida desde que se decide aceptar la identidad travesti. Se pierde todo el universo construído, y en ese empezar de cero es donde actúa la máquina del narcotráfico y de la prostitución, porque encuentra una persona que es delito, que ya está criminalizada por el solo hecho de existir. “Esa exclusión hizo que nosotras perfeccionemos nuestro trabajo y nuestras formas de vivir en base a eso, que era la única opción que teníamos”.
Durante 50 años fue la policía quien impartió justicia, modigerando la pena de forma coercitiva a cambio de ciertos beneficios, mediante los edictos policiales. Sancionados en el 1957, los edictos le otorgaron a esta fuerza de seguridad la potestad de acusar, decidir y sentenciar delitos de menor cuantía que no estén tipificados en el Código Penal y que según la sola contemplación del Jefe de la Policía, atentan contra el orden público, la “moralidad” y las “buenas costumbres”. Decidida la sentencia, no hay posibilidad de defenderse. “Lo normativo-legal que nos constituía como delito, se fomentaba más por el hecho de estar sumisas a la decisión policial que podía mandarnos a hacer cosas ilegales en pos de su beneficio económico.”, denuncia Lara.
Históricamente, la comunidad trava y trans estuvo encasillada dentro de lo criminal, argumento que sirvió de sostén para obstaculizar el acceso al conocimiento de los derechos básicos de salud, vivienda y educación. El discurso mediático por su parte, configura un sentido común que naturaliza la exclusión social-moral de las identidades disidentes y las coloca dentro del marco delictivo y prostibulario.
Sin las herramientas para poder acceder al conocimiento sobre el proceder de la ley, producto de la falta de inclusión social, se asimila la única realidad posible, atribuida a su vez, por herencia: que la trava tiene que ser marginal. Cuando Lara se refiere a la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012, resalta que gracias a ella, muchas de las presiones que antes recaían sobre las trans y travas se atenuaron, pero la ilegalidad que antes se les atribuía por su disidencia y “amoralidad”, encuentra su lugar en la prostitución y el narcotráfico.
ILUSTRACIÓN: EUGENIA HERNANDEZ
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Hay días en que la contradicción entre las leyes y la práctica está más latente que nunca. El pasado 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Gobierno Porteño levantó la bandera de la diversidad sexual frente al Obelisco; horas después, la consigna “Basta de travesticidios” avanzó por Avenida de Mayo para reclamarle al Estado por cada compañera que muere por desprotección y exclusión, por no tener acceso a una vida digna. Lara sostuvo la bandera que llevaba impresa la consigna y caminó con sus compañeras desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Florencia Guimaraes, Say Sacayán, Susy Shock, Violeta Alegre. Las voces se escucharon contundentes ese día frente al Congreso. “Estamos tan cansadas de ser golpeadas que ya no sentimos los golpes”, reflexiona Lara Bertolini, a dos meses de la marcha, “tenemos que quebrar a fuerza de garra las estructuras sociales, pero en especial las del Estado”.
Sin un marco legal claro, hay instituciones que se abren al cupo. Se trata de hacer valer el espíritu de la ley por más que no esté reglamentada. Cada incorporación laboral es un paso enorme en la lucha, porque significa una persona menos en las redes del narcotráfico y la prostitución. En la Procuraduría, donde Lara ya cumple sus ocho meses de trabajo, hay cinco compañeras travestis contratadas. Sin embargo, además de asegurar los puestos laborales, es importante pensar en un proceso de integración, tanto para la comunidad trans y travesti, como para las personas cis que se encuentran con ellxs en sus trabajos. Por este motivo, Lara redactó un “blindaje” de la ley de cupo laboral trans, donde se contempla un acompañamiento antes, durante y después, que ayude a construir los vínculos en la integración dentro del ámbito laboral. “Hace unos días voy a una comisaría porque habían arrestado a una trava que estaba en la calle. Saco la credencial y me presento; tenía que pedir los datos y el estado de la persona arrestada. Los oficiales no entendían, no me contestaban, le dije que activen o llamaría al superior. Es que no están acostumbrados a ver una trava en un trabajo como el mío. Esperan un hombre o una mujer cis. Cuando se encuentran con otra cosa, no saben qué hacer”, cuenta Lara, y este es solo un ejemplo de una discriminación que deben enfrentar cada día, aún habiendo conseguido trabajo.
FOTOGRAFÍA: JULIA PORTANIER
Para Lara, como para la gran mayoría de sus compañeras, la conquista de un espacio laboral dentro del sistema no fue ni es una tarea sencilla. Cuenta que, antes de recibir la propuesta para ingresar a la procuraduría, estuvo muy cerca de bajar los brazos cuando le ofrecieron trabajar para el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, como recicladora de materiales en plazas. La precariedad de este trabajo no sólo se hacía visible en materia salarial, con un sueldo por debajo de la canasta básica, sino que además, carecía por completo de una perspectiva inclusiva. En aras de cubrir su deber, el Ministerio reserva un lugar dentro del mercado laboral, que expone nuevamente a las personas trans y travestis a la calle, con jornadas nocturnas, sin ningún tipo de protección. Una vez más, ellxs eran devueltas a la calle. Con bronca y firmeza, Lara no dudó en alzar la voz. Buscó apoyo en organizaciones y medios independientes para dar a conocer esta situación, por ella y por todas las compañeras que no tuvieron más opción que aceptar el empleo. El caso tomó gran envergadura y, al poco tiempo, el Ministerio se vio obligado a aumentar los sueldos a las compañeras que ya se encontraban trabajando en ese puesto.
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La lucha que llevan Lara junto a organizaciones de enorme militancia en materia de derechos LGBTTI se define principalmente por la fuerza con la que están interpelando a las capas más gruesas de la estructura social. En octubre del 2016, Lara y otras compañeras sobrevivientes de la violencia y persecución sistemática del Estado argentino a partir de la aplicación de los Edictos Policiales y el Reglamento de Procedimientos Contravencionales, acompañaron la presentación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar” en Cámara de Diputados. El proyecto 8194, presentado por Diana Conti (FpV) al igual que el 2014, surgió a partir de la iniciativa de Lohana Berkins y Marlene Wayar, referentes y liderezas trans, en conjunto con colectivos y organizaciones LGBTTI, y establece la percepción de una pensión para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género.
A principios de este año, tras una intensa búsqueda, Lara recibió la propuesta de integrarse como operadora al área territorial de la Procuraduría General de la Nación, una suerte de sueño cumplido. “Yo ya llegue, ahora voy por mis compañeras”, dice mientras acomoda sus apuntes de la Universidad de Avellaneda, donde continúa formándose. Dentro de la Procuraduría, ella forma parte del Programa ATAJO, una herramienta para acercar a las personas en condición de vulnerabilidad, el conocimiento acerca de las leyes y su aplicación. “Mi objetivo es que lo legal no sea el arma persecutoria sino la forma de defensa”. Las leyes mutan, la justicia también. Sin duda son marcos, contextos para avanzar en una transformación que debe ser ante todo cultural y social, hasta que logremos que la elección del género no sea motivo de discriminación, de estigmatización, de ocultamiento. El cupo laboral trans y travesti es parte del avance hacia un futuro donde todxs vivamos con los mismos derechos y las mismas oportunidades, como lo deseaba Diana, Lohana, Marlen, y tantas otras luchadoras que hoy ya no están pero que ha dejado su fortaleza como un ejemplo imborrable, para que nuevas voces levanten sus banderas y continúen escribiendo la historia desde el empoderamiento, desde el abrazo y la convicción.