ESCRIBE LORENA BERMEJO
ILUSTRA CE ILUSTRA
El acceso a la interrupción legal del embarazo en ciertas zonas de Brasil es un laberinto en el que muchas pibas no llegan a encontrar a tiempo la salida. Una vez más resuena la frase “niñas, no madres”, para recordar lo que significa.
A principios de agosto el juez brasileño Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, autorizó la interrupción de un embarazo para una nena de 10 años que fue abusada reiteradamente por su tío.
En Brasil, según el artículo 128 del Código Penal, el aborto está permitido por tres causales: violación, si corre riesgo la vida de la persona gestante, o cuando el feto presenta anencefalia, es decir, una alta probabilidad de nacer ya sin vida.
La nena había llegado al hospital del municipio de Sao Mateus con un dolor abdominal. Después del diagnóstico la trasladaron a la ciudad de Vitoria, capital de Espírito Santo, al Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, pero la institución se negó a hacer el aborto, interponiendo la objeción de conciencia.
Sin más opciones, ella tuvo que viajar hasta Recife, en el estado de Pernambuco ubicado al norte del país, para atenderse en el Centro Integrado de Salud Amauri de Medeiros (Cisam), un hospital especializado en atender casos de alto riesgo, y que tiene como antecedente haber llevado a cabo interrupciones de embarazo en mujeres víctimas de abuso sexual.
El traslado se hizo de manera confidencial, porque el caso se había dado a conocer en medios locales y distintos referentes y grupos anti derechos lo venían siguiendo, hostigando a la familia y acusando a la nena de asesina. A pesar del intento de confidencia, la influencer Sara Winter y los diputados Joel da Harpa y Clarissa Tércio se enteraron del traslado y convocaron a una concentración frente al centro de salud donde se atendería, con la idea de entrar a hablar con lxs profesionales a cargo.
Esa misma noche del domingo 16 de agosto el Frente por la no criminalización de las mujeres y por la Legalización del Aborto convocó a una manifestación frente al centro de salud para generar una barrera para que los grupos anti derechos no puedan entrar al hospital a intentar evitar la intervención. Mientras tanto, la piba llegaba en un avión y se trasladaba al lugar.
Esa misma noche se concretó la intervención, después de semanas de espera y de una exposición masiva del caso, y el lunes 17 de agosto la Policía detuvo al abusador, que desde hacía cuatro años ejercía violencia física y mental sobre la nena. Sin educación sexual, aborto legal, ni un Estado que garantice los derechos, no hay posibilidad de decidir.
La militancia anti derechos y su influencia política no tienen fronteras internacionales ni interprovinciales. Su territorio a conquistar está en los cuerpos de pibas que no tienen derecho a decidir. En un comunicado, el Frente Frente de Luta Contra a Criminalização das Mulheres e Pela Legalização do Aborto y el Fórum de Mulheres de Pernambuco escribieron:
“Esta niña de diez años, víctima de abuso sexual, tuvo su derecho a la interrupción del embarazo garantizado, pero ahora la lucha continúa para que ella y su familia puedan tener paz, para que pueda retomar su vida sin presiones de fundamentalistas que no respetan la vida de las niñas y de las mujeres. Todos los involucrados en la exposición de esta niña deben ser juzgados por sus actos, que podrían haber causado daños irreversibles para ella. Que las instituciones cumplan su papel y tomen las debidas medidas frente a las irresponsabilidades de Sara Winter, Joel da Harpa, Clarissa Tércio, Michele e Cleiton Collins”.
La evidencia sobra, y el peligro de la falta de derechos se hace notar más cuando los casos son concretos. Según la agrupación que milita por el Aborto Legal en Brasil, “casos como estos suceden todos los días”.