POR SOFÍA LECOT
ILUSTRACIÓN: NANKNELL
No queda duda que la lucha por la legalización del aborto, durante el año legislativo 2018, dejó un legado que se hace difícil ignorar. En primer lugar, porque en la historia de la democracia argentina, fue la primera vez que este debate se dio en el Congreso. Por otro lado, los movimientos feministas coparon las discusiones públicas y las mujeres tomaron las calles buscando respuestas a reclamos que por décadas fueron dejados de lado. Hoy estos temas son conversación frecuente. A pesar de las grandes conquistas en términos de lucha y debate, quedan aún muchas deudas a nivel legislativo, que en un año electoral como el que transitamos es imprescindible discutir para no perderlas como horizonte.
En una economía en crisis serán clave las necesidades que se tengan en cuenta a la hora de plantear las agendas y ya no se puede obviar el hecho de que la desigualdad de género tiene lógicas de precarización que afectan directamente a las mujeres, trans, travestis y lesbianas. El costo de encarnar una femeneidad aumenta mano a mano con la inflación.
Es un hecho que las crisis económicas en sociedades patriarcales producen la feminización de la pobreza. Los sueldos, los ascensos y las contrataciones siempre apuntan a privilegiar al hombre frente a la mujer. Esto genera un creciente empobrecimiento material del género, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Hoy, en Argentina particularmente, se suman los ajustes estructurales inherentes a las políticas neoliberales que hicieron hincapié en los recortes de los programas sociales, constante en franco ascenso en los últimos 4 años. De este modo, las principales funciones del Estado (como la salud, la nutrición y la educación) recayeron nuevamente en el seno de la familia, siendo la mujer quien abandone su puesto de trabajo para atender el hogar de manera gratuita. Es decir que se produce una doble marginalización: la de género y la de clase.
En un comienzo, entre las listas que encabezan las elecciones presidenciales, la fuerza política que planteaba una plataforma más desarrollada respecto a propuestas para la igualdad de género era el Frente de Todxs, seguido por las agrupaciones de izquierda -FIT-U, MAS – que le dieron más visibilidad en sus spots. En cambio, las fórmulas más conservadoras y liberales -Juntos por el Cambio, Consenso Federal- desestimaron el tema.
Sin embargo, tras las PASO, un aire de descontento corrió entre las tribunas feministas. Excepto el Frente de Izquierda, que mencionó la Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera directa; y el Frente de Todxs con el proyecto de crear el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Disidencias, las campañas casi no incluyeron nada concreto con respecto a temáticas que involucren los derechos de las mujeres y las disidencias. Por el contrario, se impuso una agenda más urgente referida a la crisis, los jubilados, la falta de acceso a medicamentos, la pesada herencia y la corrupción relegando la oportunidad de incluir las discusiones sobre género.
Hace pocas semanas, el Congreso sesionaba y presentaba el Presupuesto para 2020, una gran oportunidad para incluir dichos temas. Pero la “ley de leyes” a ser tratada por una mesa compuesta únicamente por hombres, no mostró mucho interés en liberar grandes montos a estos propósitos. Sin ir muy lejos, proponen aumentar los fondos para el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) en un 74%, lo cual compensa solamente la inflación de los últimos dos años. Se repite la misma historia que durante todo 2019: el presupuesto de género crece menos que la inflación. Ese porcentaje de incremento para el INAM, sin embargo, representa sólo el 0,0067% del Presupuesto Nacional 2020; así las cosas el estado destinaría $19.82 por mujer por año para implementar la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia machista.
Paralelamente, el INDEC dio a conocer un informe donde la desocupación trepaba en un 10.6% en el segundo semestre, número que queda chico frente al 25% que alcanza la desocupación de mujeres menores a 29 años. ¿Cómo reducir esta tasa de desocupación si, por ejemplo, desde el Programa de Impulso a Políticas Preventivas Sistemáticas, Sensibles al Género, Integradas y no Discriminatorias, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, se destina un 18% menos de presupuesto que el año anterior?
Hacia dónde iríamos
A pesar de las conquistas de 2018, queda mucho por saldar y el electorado está expectante sobre cómo se declararán los candidatos frente a esto. Principalmente, aquellos ejes que marcarán (o deberían de marcar) definitivamente la agenda política sobre género en 2020 son:
– La legalización de la IVE y la modificación de la ESI: es evidente el descontento de una gran parte de la población por la mortalidad materna y la falta de educación sexual en las escuelas. Son temas ya instalados en la opinión pública, sobre los que el proceso de 2018 ha hecho mella y siguen vigentes las oportunidades para lograr la legalización y terminar de cristalizar que la base de una vida libre de violencias comienza en la infancia.
– La aplicación de la Ley Micaela, el fortalecimiento de la Ley de Paridad y la Ley de Cupo Laboral Trans: la esperanza de vida de este grupo supera apenas los 30 años. Una forma de combatir este problema es incluir a la diversidad en la política y crear planes que busquen aumentar sus posibilidades laborales y económicas.
– Reducción material de la brecha de género: podemos mencionar a la Ley Brisa o Proyecto de Ley para la quita del IVA a Productos de Gestión Menstrual, dentro de las iniciativas institucionales. Pero más allá de esto, el reclamo es por políticas que brinden respuestas integrales a la crisis y apunten al crecimiento económico del sector: el regreso del programa Ellas Hacen debería ser una de las primeras medidas que tome el recambio de gobierno.
– En vísperas de las PASO de agosto, las redes también se hicieron eco de las claves sobre las que una agenda de género debería sostenerse. En ese marco, Sabrina Cartabia, abogada de Red de Mujeres, propuso en Twitter algunos puntos de consenso para una agenda que mejore la vida de las mujeres en Argentina. Entre sus ideas y las respuestas, rankean alto: un Sistema Nacional de Cuidados que encargue al Estado las tareas de cuidado siempre relegadas a las feminidades dentro y fuera del núcleo familiar, dinamizar los juicios por pensión alimenticia y buscar controles efectivos de cobros. Esto permitiría a la madre soltera no sólo contar con el dinero que le corresponde para la manutención de les hijes, sino que les daría espacio para capacitarse y apuntar a trabajos formales.
Parafraseando a Victoria Gallo, responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), es muy difícil reducir la desocupación y pobreza femenina sin una inversión real del Estado para el desarrollo de políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado y, a la vez, la capacitación laboral de las mujeres.
La pobreza tiene rostro de mujer y ya no basta con evidenciar la brecha de género, se pretenden soluciones efectivas desde las cúpulas y una redistribución de la riqueza que no sólo favorezca a los ricos y a los varones. Lo importante es entender que, en tanto la clase política no se renueve, abriendo las puertas a la diversidad y a las mujeres, no se producirá el cambio de paradigma necesario para llevar adelante estas demandas, que piden a gritos políticas públicas que garanticen la participación plena de mujeres y disidencias en la toma de decisiones, en la vida pública, social y económica de nuestro país.
Fuentes consultadas
https://economiafeminita.com/la-agenda-legislativa-de-genero-donde-estamos-y-hacia-a-donde-vamos/
https://www.pagina12.com.ar/211172-elecciones-2019-el-lugar-de-la-agenda-feminista
https://www.perfil.com/noticias/50y50/los-programas-de-genero-entre-empates-y-recortes.phtml
https://twitter.com/missoprostol/status/1159546666342670336?s=21