Escribe: Fabiana Villa
Foto: Costanza Manetti
Hace algunas semanas una niña de once años de Monte Caseros fue trasladada a la ciudad de Corrientes para realizarse una cesárea. Su embarazo, producto del abuso sexual que la pareja de su madre ejercía sobre ella, fue notificado al hospital regional en el quinto mes. Si bien una profesional de la salud intentó asesorar a la familia sobre la posibilidad legal de interrumpir el embarazo, su pediatra y una serie de profesionales que la atendieron, la encaminaron en los pasos a seguir para continuar con la gestación.
Si en la Argentina hay territorios antiderechos, Corrientes es uno de ellos. Gobernada por conservadores retrógrados desde hace más de 20 años, invocan la idea de costumbres y tradición para hacerle culto a políticas de muerte. Políticas que recaen en les más vulnerables, y por supuesto, en los cuerpos de las pibas.
La provincia ranquea entre las más altas tasas del país en mortalidad infantil, analfabetismo, desocupación y suicidios. El número encabeza el índice a nivel nacional: 12,8 bebés fallecidos por cada 1000 nacidos. Sin embargo la provincia se declaró “provida”, según dispuso el decreto 2870 firmado por el ex gobernador y dirigente de la UCR Ricardo Colombi, donde estableció “como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia“. Las iglesias Católica y Evangélica locales, cuyas máximas autoridades se reúnen en el encuentro multisectorial y ecuménico “a favor de la vida”, manifestaron un gran apoyo al ex funcionario.
No es de extrañarse que en una provincia donde la actividad política y sus decisiones giran en torno a los sectores religiosos, los embarazos de niñas y adolescentes sean moneda corriente y las obliguen a parir bajo la premisa de salvar vidas. ¿En qué se transforman las vidas de esas niñas que se convierten en madres? Tampoco es de extrañar que los casos se den constantemente en zonas rurales, donde prácticas como el ‘chineo’ -forma en que se nombró históricamente el abuso sexual de blancos hacia mujeres de los pueblos originarios- son todavía muy comunes.
La condición de pobreza estructural que vive la provincia no hace más que agravar la situación. La mayoría de lxs correntinxs no pueden acceder a viviendas dignas y el Estado es el mayor empleador, y precarizador, de la zona. Por fuera del sector público, los grandes empresarios son la otra gran influencia política, cogobernando para su beneficio y manejándose con total impunidad por toda la extensión del territorio.
Los movimientos feministas y LGTBQ+ de la provincia y la región hace años piden por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la garantía del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), para la cual en diciembre de 2019 el Ministerio nacional de Salud aprobó un protocolo, al que la mayoría de las provincias adhirieron. Sin embargo lxs docentes que aplican la ESI son perseguidos y hostigados mientras que en las escuelas y edificios públicos es muy común ver figuras religiosas y planes de estudios claramente orientados en el mismo sentido.
Las políticas públicas para las mujeres, lesbianas, travestis, trans son prácticamente inexistentes. Los lugares de gestión trascendentes y que muchas veces infieren y deciden sobre políticas para la salud pública, la vivienda y la educación son siempre relegados a hombres adultos, acostumbrados a ocupar esos lugares de poder. Lo mismo sucede con políticas de género específicas: no hay presupuesto específico para las áreas de género que son dependientes de otros gabinetes, y son las redes feministas las que contienen y acompañan los casos, sin que haya una intervención real y coherente que salve la vida de las mujeres en la provincia.
Esa es la forma de hacer política en la provincia de Corrientes, un ideario de sometimiento donde la colonización y soberanía sobre el cuerpo de las mujeres sigue siendo común y es fogoneado por los altos estamentos del poder que adoctrinan para el silencio y la sumisión. Un gran atraso que se lleva puesta la vida de niñas, mujeres y adolescentes. Mientras luchamos por una Ley que establezca el aborto libre y gratuito en la Argentina, exigir la conformación de un protocolo provincial o la adhesión al nacional para la atención de la interrupción legal del embarazo es sólo una mínima parte de todas las políticas con perspectiva de género que la provincia de Corrientes adeuda a las pibas y a toda su población.